El coste en personal y fondos de la participación de España en la Operación Atalanta que promueve la Unión Europea para combatir la piratería en aguas del Índico se dispara y requiere un nuevo aval parlamentario. Al envío el mes pasado de un nuevo refuerzo naval, el patrullero de altura «Vencedora» (con 102 militares a bordo entre la tripulación y 11 infantes de Marina de apoyo), el Gobierno quiere añadir inmediatamente un grupo de instructores para formar unidades terrestres del Ejército regular a las órdenes del Gobierno Federal de Transición de Somalia.
Al superarse el límite de 395 militares que el propio Ejecutivo se fijó al pedir el permiso parlamentario para la misión hace 15 meses, desde el Ministerio de Defensa han empezado a plantear a los grupos parlamentarios de la oposición la necesidad de convocar de nuevo a la comisión parlamentaria correspondiente, en principio la semana próxima, para ampliar ese límite.
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